Acusaciones cruzadas, declaraciones de prensa, barricadas y un mayoritario rechazo de la comunidad de Tabolango son el telón de fondo de la decisión de la Comunidad Serranía de arrendar cientos de hectáreas a empresa que generarán energía eléctrica por los próximos 30 años.

Por Patricio Gallardo M.

Lo que para la directiva de la serranía de Rinconada de Silva sería un gran logro de gestión, ya que en último tiempo han aumentado ostensiblemente sus ingresos por arrendamiento de terrenos a las paseras, a empresas frutícolas y ahora a empresas de energía solar, se ha convertido, paulatinamente en una piedra en el zapato que no deja de crecer y que ha puesto en duda aspectos administrativos, con los contrato que ya se firmaron y se firmarán con la o las empresas generadoras de energía.

“De comunidad de serranía a una lucrosa empresa de arrendamientos”

Cuando en la década de los 40 el Estado de Chile entregó miles de hectáreas a las comunidades de Serranía, que habían hecho uso de tierras ancestrales de manera comunitaria, usadas para el pastoreo, la obtención de leña y para la vivienda de los comuneros, lo hizo a cambio del pago de contribuciones por ser un bien raíz. Así surgieron legalmente varias comunidades de serranía o comunidades agrícolas que al pasar de los años y sobre todo luego de la muerte de los asignatarios originales se fueron convirtiendo, como sus dirigentes lo han expresado públicamente, en empresas que rentan y reparten utilidades.

Por otra parte, es conocido y reiterado el reclamo de muchos herederos y familiares de comuneros que alegan que no se les asigna o se les tramita por años, un pedazo de tierra para construir una vivienda para sus hijos o nietos. Lejos está el propósito de “preservar la integridad del patrimonio de la comunidad, su entorno ecológico y el manejo adecuado de sus recursos naturales” como establece la ley de comunidades agrícolas de la década de los sesenta.

Hoy el afán de ganar dinero a toda costa pone en riesgo el hábitat de flora y fauna y el de comunidades aledañas que por décadas han convivido con las comunidades de serranía, hoy se piensa más en la repartija de utilidades y menos en la preservación de la naturaleza. Este es el primer efecto de la nueva forma de administrar los bienes comunes, atrás quedó la zona libre de caza, la protección del guayacán, o el cuidado del paisaje y de los senderos.

“El negocio de las energías renovables”

Cuando las comunidades de La Orilla y Tabolango se oponen a la instalación de las Plantas Solares, se les dice que no hay nada cierto, intentando ocultar los contratos de arrendamiento de cientos de hectáreas a las empresas que aprovechando el boom de las energías renovables aseguran miles de hectáreas de cerro para generar energía a las empresas mineras del norte del país, y surge una pregunta de sentido común, por qué no instalan las plantas solares en las regiones en donde se consume dicha energía, ósea en el norte de chile y en donde los impactos negativos son menores y no afectan la vida de las personas. Respuesta también simple, porque es más barato y tiene más utilidades para las empresas privadas generar en la zona central del país en dónde se construirán las líneas de transmisión, tan polémicas como Cordones Polpaico.

Cuestionable es también la forma como las empresas fraccionan los proyectos para evitar ingresar al sistema de evaluación ambiental (declaran que generarán menos de 3KW), o ingresan sólo como Declaraciones de Impacto Ambiental, impidiendo la participación ciudadana y no profundizando la elaboración de línea base. Esta es la misma estrategia que usan empresas mineras como Vizcachitas Holding que fraccionan la construcción de plataformas y sondajes mineros para evadir la evaluación ambiental.

Lo que tratan de evitar las “amigables” empresas de generación de energía fotovoltaica, es ser evaluadas por su impacto global en territorios como los de Putaendo, con miles de paneles solares funcionando simultáneamente y colindantes unos de otros. Quieren evitar la evaluación de impactos ambientales en la calidad de vida de la gente que vive cerca, mayoritariamente adultos mayores, o el impacto en las actividades agrícolas y ganaderas de subsistencia. Todo sin dejar de señalar que evitan no ser evaluadas por el impacto en el paisaje. El cerro, las rinconadas y el valle ya no serán los mismos con 250. 000 paneles solares instalados en Tabolango.

“El conflicto de intereses de la Concejala Marta Silva”

Si bien es cierto pareciera que desde la mirada legal o jurídica, la actual Concejala de Putaendo Marta Silva no tendría ningún problema en ser autoridad y representar legalmente la Serranía de Rinconada de Silva, a lo menos éticamente sÍ representa un claro conflicto de interés , prueba de ellos es estando investida ya como autoridad el 27 de marzo del año 2.018 en su calidad de representante legal y presidenta de la Serranía de Rinconada de Silva, firmó en la notaría de Putaendo un contrato con la empresa “P´royecto Tabolango Solar SPA” a la cual le cedió bajo arrendamiento 8, 14 hectáreas en el sector la Orilla, proyecto que finalmente hoy el parque fotovoltaico que NO contaba con los permisos municipales y sectoriales según lo informó el Director de obras municipales Jorge Reyes en sesión del consejo municipal de fecha 3 del presente mes, donde esta empresa fue fiscalizada el año pasado y se les instó a regularizar su situación ingresando posteriormente recién la carpeta para obtener los permisos cuando ya estaba en funcionamiento.

La propia Concejala Marta Silva indicó en la penúltima sesión del consejo Municipal que sobre el proyecto Tabolango hoy resistidos por la comunidad NO había contratos firmados y que solo se trataba de un rumor, donde en el último concejo indicó que no podía referirse en profundidad pues es parte de la serranía lo que deja en absoluta claridad su conflicto de intereses como autoridad de toda la comuna y parte de la serranía de Rinconada de Silva donde se sabe hoy no ocupa el puesto de Presidente pero es sabidos por todos que se mantiene en la directiva, encabeza las reuniones con los socios y es una de las voces fuertes en la decisiones que adopta la misma serranía.

“Juez de policía Local de Putaendo además es abogado de la Serranía de Rinconada de Silva”

El magistrado Guido Witto, actual Juez de Policía Local de la comuna de Putaendo, es también el abogado de la serranía Rinconada de Silva, donde tambien al parecer no hay algún impedimento legal que le prohiba ser el juez de una comuna y representar instituciones y/o empresas que están en la jurisdicción donde imparte justicia, sin embargo su rol como juez y abogado también es rechazada por la comunidad que se opone a la llegada del proyecto Tabolango y donde por ejemplo es legítimo preguntarse si llega a sus manos una denuncia de la dirección de obras municipales contra la o las empresas que construyeron sin los permisos municipales el parque fotovoltaico en la Orilla, ¿ Como podría sancionarlos como juez si ademas es el abogado de la serrania?.

Conocidos por su carácter fuerte y de pocas palabras el abogado de la serranía Guido Witto, además es cuestionado por su falta de paciencia para quienes le solicitan información por ejemplo para regularizar derechos de serranías o tener representación de quienes ya fallecieron donde muchos indican que solo dilata excesivamente los trámites y no da respuestas o soluciones para quienes no aceptan las condiciones de la serranía.

La manera mercantilista de administrar los bienes comunes de las serranías, alejada del espíritu original del bien común, está generando una crisis de insospechadas repercusiones, que a propósito de la nueva constitución política que se comenzará a redactar en los próximos meses, también deberá ser revisada. Si porque de la misma forma como se exige que el agua sea de todos o para todos, también es legítimo decir que el cerro sea de todos y para todos.