Tras la consulta realizada por los municipios de Lo Prado, Conchalí y Pelarco, el ente sostuvo que “la venta de gas a sus vecinos solo puede ser efectuada en la medida que el legislador lo autorice expresamente”.

Este lunes, la Contraloría General de la República abordó la iniciativa “gas a precio justo”, creada por más de 150 municipios, advirtiendo que las municipalidades no tienen facultades para comercializar el producto bajo la actual normativa. Esto, luego de que los municipios de Lo Prado, Conchalí y Pelarco consultaran al órgano en la materia, sobre si “ante las particulares condiciones que se han producido por el alza de los combustibles, es posible que las entidades edilicias puedan vender gas a los vecinos de sus comunas”.

Cabe recordar que la propuesta fue impulsada tras la publicación, a principios de octubre de este año, de un lapidario informe preliminar que elaboró la Fiscalía Nacional Económica (FNE), según el cual el mercado del gas no estaría funcionando adecuadamente desde una perspectiva económica. Conclusión que, por cierto, resultó del estudio del desempeño de los segmentos del gas licuado de petróleo (GLP) y del gas natural (GN) en el periodo comprendido entre 2010 y 2020.

En ese sentido, desde Contraloría manifestaron que “las municipalidades podrán desarrollar actividades empresariales o participar en ellas solo si una ley de quórum calificado las autoriza, lo que no ha tenido lugar en la especie”. Asimismo, “la venta de gas por la que se consulta es una situación diversa de la analizada respecto de las farmacias comunales, las que se encuentran amparadas en las funciones de atención primaria de salud que el legislador radicó expresamente en las entidades edilicias”. En tanto, añade el documento, “en consecuencia, tal como se precisó en el dictamen N° 24.159, de 2016, en relación con las citadas atribuciones, resulta forzoso concluir que, no obstante la delicada situación planteada por los municipios recurrentes respecto del alza de los combustibles, la venta de gas a sus vecinos solo puede ser efectuada en la medida que el legislador lo autorice expresamente”.