Columna del Director Paricio Gallardo M.

La reciente adjudicación del Fondo Concursable de Cultura 2026 de la Municipalidad de Putaendo requiere urgente una revisión profunda: seis de las organizaciones beneficiadas exhiben, según sus antecedentes y actuaciones públicas, vínculos con posiciones activas de oposición a la actividad minera y, en particular, al proyecto Minera Vizcachitas. Pero hay un elemento adicional que resulta imposible ignorar: varios de sus representantes y referentes también presentan vínculos o cercanía con espacios políticos de izquierda, mientras el alcalde Mauricio Quiroz llegó al municipio como candidato asociado al Frente Amplio.

Revisemos los hechos, no las sospechas.

Entre las organizaciones beneficiadas por este fondo público figuran Fundación Trama Rural, Centro Cultural y Deportivo Festín de la Risa, Escuela y Compañía de Artes Escénicas “La Chincolita”, Agrupación Cultural Corriente Andina Radio, Escuela de Música de Putaendo y Agrupación Cultural Amaru Putaendo. Seis organizaciones culturales, aprobadas con fondos que salen del bolsillo de todos los putaendinos.

Lo curioso —y aquí es donde la coincidencia empieza a incomodar— es que quienes las representen legalmente comparten algo que no aparece en ningún formulario de postulación: una trayectoria pública, documentada y reiterada, de militancia política de izquierda y de activismo ambiental contra la minería.

Fundación Trama Rural y Agrupación Cultural Amaru Putaendo firmaron, como organizaciones, una declaración de 2022 que proclamó a la minera “empresa non grata” en la comuna. Amaru repite firma en 2020 y en 2025, además de que uno de sus representantes (Franklin Olavarría) fue candidato a concejal por el Frente Amplio en la elección municipal pasada. Corriente Andina Radio adhiere a una carta ambiental nacional contra la agenda de inversión minera y su representante legal Alejandro Valdes, ha sido durante años activista contra la minería, él junto a su esposa Verónica Barrera, llegaron desde el norte para operar contra los proyectos mineros en la zona central y de paso ella encontró trabajo en la administración de Mauricio Quiroz. Por otro lado, la pareja del representante legal de la Escuela de Música, la artista Lorena Véliz Flores, es litigante activa en causas legales contra la propia Vizcachitas Holding, y ha sido vocera pública en actividades internacionales contra la megaminería. Y los fundadores de La Chincolita no se quedan atrás en sus redes personales: uno celebra la suspensión de faenas de la minera bajo la consigna “No a Minera Vizcachitas”; el otro acusa públicamente de “destrucción de nuestro paraíso” a quienes en la comuna firman acuerdos con la empresa.

Recordemos más evidencia para contextualizar. Verónica Barrera fue candidata a alcaldesa por Convergencia Social, dentro del Frente Amplio y quedó penúltima entre nueve candidatos. Lorena Véliz fue candidata independiente a alcaldesa y públicamente cuestionó el modelo capitalista y extractivo. Alejandro Valdés ha participado activamente en organizaciones de oposición a Vizcachitas y ha formulado públicamente críticas al neoliberalismo y al modelo económico. Franklin Olavarría fue candidato independiente en lista del Frente Amplio para concejal en 2024 y participó en una audiencia formal sobre Vizcachitas.

Seis. No una, no dos: casi la totalidad de las organizaciones ganadoras de este fondo tiene, en sus representantes legales, algún grado de militancia política de izquierda y activismo documentado contra el mismo proyecto minero que el propio alcalde Mauricio Quiroz ha rechazado públicamente, acción judicial tras tras acción judicial, comunicado tras comunicado. Recordemos que el Alcalde Mauricio Quiroz bajo su administración ha gastado cerca de 80 millones de pesos contratando distintos asesores para oponerse al desarrollo del proyecto minero.

¿Es esto una casualidad estadística, o el reflejo de una comuna donde el poder del Alcalde y el activismo político de izquierda y ambientalista comparten no sólo causa, sino también beneficiarios de fondos públicos?

Hagamos la pregunta incómoda que nadie en el municipio parece dispuesto a formular: ¿bajo qué criterios se evaluaron estos proyectos? ¿Quién integró la comisión evaluadora? ¿Se ponderó de algún modo —explícita o implícitamente— la cercanía de estas organizaciones con la causa antiminera que el propio Alcalde ha adoptado como política? ¿Y qué pasó con las organizaciones culturales de la comuna que no comparten esa postura?

No estoy afirmando que hubo fraude. Afirmar eso sin ver las actas sería tan irresponsable como el silencio cómplice que este fondo parece haber comprado. Lo que sí estoy afirmando es que la ciudadanía de Putaendo — toda — tiene derecho a exigir que un fondo público de cultura se adjudique por mérito cultural.

Porque si el criterio real para ganar un fondo de cultura en Putaendo es, en la práctica, compartir la agenda política del alcalde de turno, entonces no estamos hablando de fomento cultural. Estamos hablando de un subsidio disfrazado a una causa, financiado con la plata de todos, incluidos quienes —legítimamente, y sin que eso los convierte en enemigos de su pueblo— creen que la minería también puede traer desarrollo a esta comuna.

La contradicción del royalty

Hay además una discusión de fondo que Putaendo no debería eludir, la comuna recibe recursos derivados del royalty minero. Putaendo, además, es una de las comunas más pobres de la Región y es por esa razón que recibe un aporte del royalty. En ese contexto, resulta legítimo preguntarse por la paradoja de que recursos asociados al aporte económico de la minería terminen financiando iniciativas de organizaciones que, al mismo tiempo, desarrollan activismo contra la actividad minera.

Insisto: nadie está diciendo que una organización deba apoyar la minería para recibir un fondo cultural. La contradicción está en otra parte. Está en que quienes cuestionan radicalmente una actividad económica puedan beneficiarse de los recursos públicos que esa misma actividad genera, mientras simultáneamente se pretende impedir que nuevos proyectos mineros se desarrollen en el territorio. Si la minería desapareciera de la ecuación económica, también desaparecerían una parte importante de los recursos que hoy permiten al Estado y a los municipios financiar políticas públicas, infraestructura, cultura y desarrollo local.

Es perfectamente legítimo oponerse a un proyecto minero. Lo que también debería ser legítimo es preguntar si quienes se oponen están dispuestos a discutir las consecuencias económicas de esa posición y la coherencia de utilizar recursos generados por la actividad que rechazan.

Cultura sí. Proselitismo no.

Putaendo necesita cultura. Necesita organizaciones sociales fuertes. Necesita artistas, gestores culturales, radios comunitarias, escuelas y agrupaciones capaces de fortalecer su identidad. Pero precisamente porque la cultura es importante, no debería convertirse en una extensión de ninguna trinchera política.

Los fondos públicos deben estar disponibles para todos quienes cumplan las reglas: quienes apoyan la minería, quienes se oponen a ella y quienes simplemente no tienen una posición al respecto. La Municipalidad no administra recursos de un sector político. Administra recursos de todos los putaendinos.

Por eso, si estos seis proyectos obtuvieron los mejores puntajes conforme a criterios culturales objetivos, no debería existir ningún problema en demostrarlo. Que se publiquen las bases, los proyectos, los puntajes, las actas y la composición de la comisión evaluadora.

Si todo estuviera en regla, la transparencia despejará las dudas. Pero si detrás de un fondo de cultura existe algún criterio político no declarado, los putaendinos también tienen derecho a saberlo.

Porque una cosa es financiar cultura. Otra muy distinta es financiar, con recursos públicos y provenientes incluso del royalty minero, una determinada agenda política o ambiental.

Putaendo no necesita más trincheras.

Necesita transparencia, pluralismo y reglas iguales para todos.