La Contraloría General de la República cuestionó tres contratos de la Municipalidad de Putaendo, liderada por el alcalde Mauricio Quiroz, firmados a través de trato directo con la consultora Simbiosis, destinados a realizar una “asesoría técnica y jurídica medioambiental en defensa de la comunidad” en contra del proyecto minero Las Tejas, de la Minera Vizcachitas, ligado a la canadiense Los Andes Coopper.

La Contraloría General de la República cuestionó al municipio de Putaendo, liderado por el alcalde Mauricio Quiroz, e inició una investigación por tres contratos que suscribió con la consultora Simbiosis, entre los años 2020 y 2022, que involucran recursos fiscales por $54 millones (840 UTM).

• De acuerdo con la descripción que hacen en su sitio web, Simbiosis Bioconsultora desarrolla una asesoría técnica y jurídica medioambiental en defensa de la comunidad, por el proyecto minero “Sondajes Mineros de Prefactibilidad Las Tejas”, ubicado en la comuna de Putaendo, provincia de San Felipe de Aconcagua, en la región de Valparaíso.
• Agrega que “el encargo provino de la Ilustre Municipalidad de Putaendo, luego de la publicación de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) N° 11 (del 11 de mayo de 2020), que califica como ambientalmente favorable a dicho proyecto, que contó con un amplio rechazo por parte de la comunidad”.
• El dictamen de la Contraloría se produce tras una autodenuncia realizada por el alcalde de Putaendo, Mauricio Quiroz, y de una denuncia realizada por la Compañía Minera Vizcachitas, respecto a la idoneidad técnica de la empresa contratada y al hecho de que el Municipio incurrió en una serie de irregularidades, consistentes en la duplicidad en la contratación y pago de los mismos servicios, en los tres contratos suscritos con Simbiosis.

Los cuestionamientos. En un dictamen de 28 de febrero, la Contraloría cuestionó al Municipio por haber realizado con Simbiosis tres contratos a través de la modalidad de trato directo, sin haber señalado “la naturaleza especial del servicio requerido, la idoneidad técnica de la empresa, ni la conveniencia de recurrir a este tipo de procedimiento”, lo que no se ajusta a los procedimientos establecidos por la ley en materia de contratación de servicios especializados.

• La Contraloría, en su dictamen, estableció dos cosas:
  • Infracciones a las normas de trato directo.
    • La Contraloría enfatizó que “el trato o contratación directa constituye una excepción al sistema de propuesta pública, que solo es aplicable cuando el tipo de operación lo haga necesario, y en la medida que se configuren circunstancias o características de la convención a celebrar que hagan del todo indispensable para el interés público la mencionada contratación”, lo que no cumplió el Municipio de Putaendo.
    • A consecuencia de la infracción, ordenó a la Municipalidad de Putaendo “instruir un procedimiento disciplinario con la finalidad de determinar la responsabilidad administrativa del personal municipal que intervino en la tramitación de dichos procedimientos de contratación, debiendo remitir el acto administrativo que le dé inicio a la Unidad de Seguimiento de Fiscalía de la Contraloría General, en un plazo que no exceda de 15 días hábiles”.
  • Posibles duplicidades en pagos
    • La Contraloría también constató algunas irregularidades en esos contratos que serán investigadas para perseguir la eventual responsabilidad civil. La más relevante es que algunas de las prestaciones de los servicios incluidas en un contrato eran idénticas a las definidas en los otros contratos, producto de lo cual podría haber duplicidad de pago por un mismo servicio. De hecho, la cláusula tercera de cada uno de los contratos contempla, entre otros servicios, la realización de acciones administrativas y judiciales orientadas a obtener la invalidación ante el SEA de la resolución de calificación ambiental del proyecto minero Las Tejas y para efectuar ante el 2° Tribunal Ambiental la reclamación en caso de rechazo de la invalidación o como tercero coadyuvante.
    • La Contraloría indicó que remitió la resolución a la “Unidad de Control Externo de esta Contraloría Regional, para que se dé inicio a una investigación especial, con la finalidad de examinar los egresos realizados y determinar si existió duplicidad de pagos y, en su caso, perseguir la eventual responsabilidad civil”.

Cuáles se cuestionan. Los contratos suscritos por el Municipio de Putaendo que son cuestionados por la Contraloría y que no pasaron por aprobación del Concejo Municipal son:

• Contrato aprobado por decreto alcaldicio N° 1.449, de 12 de junio de 2020, de la Municipalidad de Putaendo por un total de 598,5 UF, para la “Asesoría técnica y jurídica medioambiental en defensa de la comunidad, proyecto minero Las Tejas, comuna de Putaendo”, con una vigencia de 36 meses contada desde la total tramitación del acto administrativo aprobatorio del acuerdo de voluntades.
• Contrato aprobado por decreto alcaldicio N° 1.779, de 30 de junio de 2021, de la Municipalidad de Putaendo por un total de 142,82 UF, para “Desarrollo antecedentes técnicos y legales para la impugnación administrativa contra la resolución de calificación ambiental N° 14/21 del proyecto sondajes mineros de prefactibilidad Las Tejas, comuna de Putaendo”, fijándose su vigencia por el período que dure la tramitación de las acciones administrativas y judiciales tanto en el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) como en los tribunales de justicia, a contar de la total tramitación del acto administrativo aprobatorio de dicho acuerdo de voluntades. Se aprecia, del informe municipal, que este segundo contrato fue resciliado por las partes con fecha 26 de julio de 2022.
• Contrato aprobado por decreto alcaldicio N° 1.807, de 22 de junio de 2022, de la Municipalidad de Putaendo por un total de 355,58 UF, para la “Asesoría técnica y jurídica medioambiental en defensa de la comunidad, proyecto minero Las Tejas, comuna de Putaendo”, con una vigencia de 12 meses contada desde la total tramitación del acto administrativo aprobatorio del acuerdo de voluntades.