En el Concejo Municipal del 12 de marzo, el alcalde Mauricio Quiroz solicitó una modificación presupuestaria para cubrir los más de 300 millones de pesos invertidos en la fiesta. La solicitud del edil fue rechazada por los cuatro concejales que decidieron recurrir al ente fiscalizador.
Los cuatro concejales le pidieron a la Contraloría realizar una auditoría y examen de cuentas al proceso de adquisiciones de bienes y servicios del Municipio; y determinar, en caso que corresponda, la necesidad de instruir un procedimiento disciplinario a fin determinar la responsabilidad administrativa de los involucrados en las irregularidades advertidas.
El pasado jueves 21 de Marzo, cuatro concejales de la comuna de Putaendo Mariana Bravo, Marta Silva, Miguel Ortíz y Sebastián Caldera enviaron un oficio a la Contraloría General de la República de Valparaíso denunciando una serie de irregularidades en las modificaciones presupuestarias presentada por el alcalde Mauricio Quiroz con motivo de la organización y desarrollo del “Carnaval de la Chaya de Putaendo”, realizado entre el 9 y 17 de febrero.
Durante el Concejo Municipal del 12 de marzo, a raíz de una solicitud elevada por los propios concejales en una sesión anterior, el alcalde puso en tabla la exposición del detalle de los gastos asociados a dicha fiesta comunal, y sometió a discusión y aprobación una modificación presupuestaria por un monto total de $266.980.000, cuyos detalles fueron entregados por su Directora de Administración y Finanzas, María Delgado Tapia.
Según señala el oficio a la Contraloría, el Municipio invirtió en el carnaval 313 millones de pesos. En el detalle, se señala que el gasto incurrido en artistas fue de casi 200 millones de pesos, lo que se sumó a amplificación (50 millones), registro audiovisual y streaming (3 millones y medio), y guardias de seguridad (14 millones), entre varios otros.
Debido al abultado monto en contratación de artistas y ante las consultas de los concejales, se explicó que la modalidad de contratación de los artistas fue de Trato Directo.
Los concejales relatan en el oficio que dichas modificaciones presupuestarias apuntaron en dos línea. La primera, decía relación a la “distribución del saldo inicial de caja” por un monto total de $1.608.963.882; y, la segunda, a una modificación por mayores ingresos y principalmente por variaciones en las cuentas de gastos por un monto total de $266.980.000. A los concejales les llamó la atención particularmente este segundo criterio, pues implicaba un reacomodo en las cuentas de egresos donde se disminuían unas para incrementar otras.
Del listado presentado, los concejales se vieron sorprendidos por el incremento de un 401,82% en los gastos asociados a Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos con un monto total de $136.620.000, en circunstancias que el presupuesto municipal inicial para este 2024 (año de elecciones municipales) era de $34.000.000.
También llamó a sorpresa a los concejales la pretensión del alcalde de incrementar el ítem Otros Servicios Generales a $38.770.000, cuyo monto fue justificado por la directora señalando correspondería al financiamiento de la “amplificación de la Chaya”.
En el oficio a la Contraloría, los concejales advierten que dicha solicitud de modificación presupuestaria fue presentada a discusión y aprobación del Concejo Municipal casi un mes después de terminada la actividad municipal La Chaya “de manera irresponsable e incluso dolosa”.
“Resulta inexplicable cómo se pudo formalizar cada una de tales contrataciones sin la debida certificación previa de disponibilidad presupuestaria legalmente tramitada que acreditara precisamente que existían recursos en la correspondientes cuentas presupuestaria de gastos, en particular la de Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos”, dice el escrito de 12 páginas al que tuvo acceso este medio.
Además, recuerda que la Contraloría establece claramente que la certificación de la disponibilidad presupuestaria debe efectuarse de manera previa a la formalización de una contratación y no al revés como está ocurriendo hoy en el Municipio de Putaendo, donde están intentando “suplir eventuales déficit, con una modificación presupuestaria extemporánea”.
Del mismo modo, los concejales señalaron que los montos comprometidos requerían de procesos de licitación y no tratos directos como aquí ocurrió, además de la aprobación del Concejo Municipal. Además, mostraron sus dudas respecto de los decretos que autorizaron los respectivos tratos directos asociados a la contratación de los artistas. Esto, dijeron, “lo consideramos del todo grave, por cuanto se ha comprometido el presupuesto municipal de manera absolutamente irresponsable y con una flagrante vulneración marco normativo vigente”.
Los concejales lamentaron que desde un inicio existiera una “evidente poca claridad” del alcalde respecto a los reales costos de dicho carnaval y se quejaron de que en todo este tiempo no existiera transparencia respecto de los reales gastos involucrados en la contratación de los artistas y en producción.
Los concejales pidieron a la Contraloría realizar una auditoría y examen de cuentas al proceso de adquisiciones de bienes y servicios en la Municipalidad de Putaendo en relación al “Carnaval de la Chaya 2024”; y determinar, en caso que corresponda, la necesidad de instruir un procedimiento disciplinario a fin determinar la responsabilidad administrativa de los involucrados en las irregularidades advertidas. Solicitaron que, debido a la directa participación del alcalde, de la Dirección de Administración y Finanzas, y de la Administración Municipal, dicho proceso disciplinario sea realizado directamente por el organismo contralor.
Por último, solicitaron determinar la existencia de responsabilidad civil asociada a los hechos denunciados y, eventualmente, determinar la necesidad de llevar este tema a los tribunales de justicia.
