La iniciativa ha suscitado polémica porque impide la actividad extractiva en las reservas de agua y sus entornos. Aunque ya fue aprobada en general por el Senado, el Gobierno agregó indicaciones que pusieron en alerta a las organizaciones ambientalistas.

Extenso reportaje muestra por un lado como el gobierno intenta frenar que los glaciares puedan ser protegidos y por otro lado deja en evidencia que los estudios realizados por expertos contratados por el municipio de Putaendo, tenia la razon en cuanto a la protección de los más de 100 glaciares de rocas catastrados en la cordillera de Los Patos.

“El proyecto no solo considera los glaciares en agua, sino también áreas con suelo congelado en altura y “glaciares de roca”

“Si nosotros tomamos esta idea de que no se puede tocar nada, la mitad de la minería chilena tiene que desaparecer”, aseguró el Presidente Sebastián Piñera este domingo, cuando participaba del programa de Canal 13, Mesa Central, y abordaba un tópico que circula en el Congreso: la ley de glaciares que discute el Senado desde el año pasado. “Lo que está en torno a los glaciares —si es algo valioso, donde hay reservas de agua, donde hay algo que la humanidad necesita— por supuesto que lo vamos a proteger, pero si no es algo valioso y es posible que ese periglaciar coexista con una actividad económica dentro de normas muy exigentes de medio ambiente, yo creo que eso es algo que tenemos que estudiar”, agregó.

Las palabras del Presidente hacían referencia al gran enfrentamiento que supone la discusión de la ley: el que libran hace años ambientalistas y mineras, debido a que las medidas de protección pueden tener un impacto directo en las actividades extractivas. La iniciativa, que fue presentada por moción parlamentaria, tiene por objetivo generar “seguridad hídrica”, crear un registro nacional de glaciares y definir actividades permitidas, restringidas y prohibidas en glaciares y su entorno. Aunque ya fue aprobada en general por el Senado, pasó a revisión a la comisión de Minería y Energía. Luego, a mediados de septiembre, el propio Gobierno ingresó indicaciones al proyecto, las que no fueron bien recibidas por los parlamentarios de oposición. Según ellos, buscan “poner la prioridad del agua para la minera antes que para las personas”. ¿En qué consiste el proyecto, cómo ha avanzado la discusión y por qué genera polémica?

La iniciativa

Desde el año 2005 a la fecha, han sido seis proyectos los que han buscado regular la protección de glaciares. Uno de ellos es el que hoy se discute en el Senado, y que fue presentado por Guido Girardi (PPD), Isabel Allende (PS) y Ximena Órdenes (ind). Desde julio de 2018, la iniciativa se encuentra en discusión. El proyecto contaba inicialmente con el respaldo de los senadores RN Manuel José Ossandón y Rafael Prohens, pero retiraron su firma un mes después de su presentación. En ella se detalla que tiene como objeto “la protección de los glaciares, ambiente periglacial y permafrost” para “preservarlos y conservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos”.

Pero aunque se podría creer, por su nombre, que el proyecto apunta a lo que existe en el imaginario colectivo como glaciar —un paisaje parecido al de los Campos de Hielo Sur, compuesto predominantemente por icebergs—, en realidad busca proteger una variedad mucho más amplia de reserva hídrica. En su articulado, se define como glaciar a “toda masa de hielo perenne estable o que fluye lentamente, con o sin agua intersticial, formado por la recristalización de nieve y ubicado en diferentes ecosistemas”. A ellos los reconoce como “ecosistemas complejos”. En tanto, el “ambiente periglacial” se entiende como el “área con suelos congelados que actúa como regulador del recurso hídrico” en la alta, media y baja montaña. Por último, se define como “permafrost” al tipo de suelo o roca con “una fracción permanentemente congelada, con hielo y materia orgánica” y se conoce a menudo como “glaciar de roca”.

La coyuntura minera

En el boletín en el que se presenta el proyecto de ley, se menciona un ejemplo que refleja la tensión que hoy persiste en el tópico: el caso de Pascua Lama, un proyecto minero de 950 millones de dólares que inicialmente fue aprobado por el Sistema de Impacto Ambiental para explotar oro, plata y cobre. “Contemplaba dentro de los permisos otorgados la posibilidad de ‘remover’ aproximadamente 10 hectáreas de glaciares de entre 3 y 5 metros de espesor para desarrollar el rajo minero” con la condición de “implementar medidas compensatorias”, explicaban los parlamentarios.

“Dicha afectación es irreversible en términos ambientales, no existe manera de recuperar un glaciar destruido, ni mecanismo alguno que permita compensar lo que significa su pérdida para una región árida”, añadían. “Los glaciares son cruciales para la supervivencia de nuestra especie, pues constituyen la reserva de agua dulce más importante del planeta”. Según el propio mapeo presentado al Congreso, Chile es uno de los países que cuenta con mayor superficie englaciada del mundo, representando el 3,8% del total, si se excluyen la Antártica y Groenlandia, y la primera del hemisferio sur, son un 76% de la superficie glaciar. Por ello, el proyecto se propone prohibir aquellas actividades que “puedan afectar su condición natural” y que impliquen “su destrucción, traslado o interfieran en su avance”. A continuación detalla cuatro: la liberación de productos químicos o residuos, la construcción de obras de arquitectura o infraestructura, la instalación de industrias y la exploración y explotación minera e hidrocarburífera. Es con respecto a esta disposición que las mineras han encendido sus alertas, pues incluye efect

Un llamado a “medir los efectos”

A comienzos de junio, cuando el Senado votaba si aprobar en general la iniciativa, el ministro de Minería, Baldo Prokurica, hizo mención a un estudio de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) que proyectó que, en caso de que se apruebe la ley, el sector minero podría llegar a perder más de 34 mil empleos y producirse el cierre de cuatro proyectos, entre ellos las divisiones El Teniente y Andina de Codelco. Para el senador Girardi, se trató de una “campaña del terror” por parte de las mineras, las que “de manera irresponsable han intervenido glaciares a pesar de que son las principales reservas de agua para el siglo XXI”. “Codelco ha hecho un lobby feroz, está violando toda norma internacional y no tiene ningún respeto por la vida”, añadió en declaraciones recogidas por El Mostrador.

Los enfrentamientos siguieron cuando el proyecto avanzó hasta la comisión de Minería y Energía. El director de Estudios y Políticas Públicas de Cochilco, Jorge Cantallopts, aseguró que las definiciones que presenta la iniciativa son “amplias” y que “es necesario precisar”. “Sabemos que el 20% de la operación minera se vería mermada y si se considera que las disposiciones tendrían un carácter retroactivo, el porcentaje sube a un 33%, pensando en la producción de concentrado de cobre. Por eso llamo a medir los efectos que esto podría generar en el empleo, el ingreso fiscal y el PIB”, dijo, según recoge el propio Senado. Quien también presentó consideraciones fue el senador Alejandro Guillier (ind). “Me preocupa el impacto que pueda tener este proyecto en la actividad minera”, señaló. “Sabemos que la minería del norte es impensable en la zona central. Me gustaría saber si es factible proteger los glaciares y, a la vez, materializar los proyectos estructurales que se necesitan”, añadió.

Las indicaciones

El episodio más reciente en esta disputa es el ingreso de indicaciones por parte de los ministros de Minería, Medio Ambiente y Obras Públicas. Una de las enmiendas propuestas es que se defina a los glaciares como una “masa de agua terrestre en estado sólido”, con al menos 15 años de existencia y con presencia efectiva de hielo. También se especifica que “los glaciares menores a 1 hectárea no se consideran glaciares para efectos de esta ley, a menos que ya se encuentren catastrados” y se prohíbe la realización de proyectos o actividades que puedan afectar a glaciares “que se ubiquen en Reservas de Región Virgen y Parques Nacionales”. Otra adición es el permiso a proyectos o actividades que se encuentren en áreas de influencia de alcance a glaciares rocosos, con un Estudio de Impacto Ambiental. “La DGA otorgará el permiso cuando la obra, programa o actividad en el glaciar no afecte significativamente la escorrentía actual y potencial a la cuenca inmediata a la que el glaciar aporta recursos hídricos, ni tampoco su estabilidad mecánica”, señala el texto.

Para la Coordinación de Territorios en Defensa de Glaciares, que agrupa a 29 organizaciones a nivel nacional, las indicaciones “cambian todo el proyecto anterior, respondiendo a las preocupaciones manifestadas por el sector minero en la tramitación”. “Lo que están buscando son subterfugios para poder intervenir glaciares, una suerte de fundamentación para poder explotar por ejemplo los glaciares de roca, que son glaciares y que tienen agua, y que no se deben explotar”, señaló Girardi a radio Bío Bío. “Nosotros no podemos aprobar esa ley”, añadió, recalcando la importancia de resguardar los recursos naturales en la coyuntura de la crisis climática y siendo país sede de la COP25. Para el senador Alejandro García (UDI), el país no puede “caer en legislaciones que impidan el desarrollo del ingreso más importante” y su par, David Sandoval (UDI), añadió a El Mercurio que “tenemos vocación productiva” y que lo que se debe buscar es que “estas obras tengan el mínimo efecto posible”. En tanto, para el presidente de la comisión, el senador Álvaro Elizalde (PS), se trata de un tópico que debe resolverse a través de una ley. “Es imprescindible contar con un marco jurídico de protección”, afirmó a la emisora. “Todas las actividades económicas, y por cierto también la minería, deben realizarse respetando este marco de protección”. Se espera que la votación se lleve a cabo a más tardar a mediados de octubre, para luego volver a la Comisión de Medio Ambiente.

Fuente: Emol.com