El movimiento socioambiental Putaendo Resiste, que mantiene un conflicto con la compañía canadiense Andes Copper por su intención de instalar una central hidroeléctrica y una minera en el Valle del Aconcagua, denunció hace algunos días a Felipe Riesco Eyzaguirre, ex subsecretario del Medio Ambiente. Lo acusan de presentar un escrito ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso a nombre del movimiento ambiental, sin que los activistas le dieran su consentimiento.

Fuente: Elmostrador.cl

La oposición medioambiental de Putaendo a la pretensión de la empresa canadiense Andes Copper de instalar en dicha comuna –de la provincia de San Felipe– una central hidroeléctrica de paso, que se ubicaría en el río Rocín, cuenta con varias polémicas. La última, sin embargo, no tiene que ver con este conflicto ni con el proyecto Minera Vizcachitas, cuyo rechazo socioambiental dio sentido el movimiento Putaendo Resiste.

La nueva polémica, involucra a la otra asociación que se opone a los planes de Andes Copper: la Junta de Vigilancia de Putaendo, que por intermedio de oficios de la oficina de Barros Silva Varela y Vigil*, presentó un recurso de protección en nombre de los activistas de Putaendo Resiste, sin su consentimiento.

El origen de la controversia se produjo cuando el exsubsecretario del Medio Ambiente del Gobierno de Sebastián Piñera, Felipe Riesco Eyzaguirre, se contactó con personas de Putaendo ofreciendo sus servicios. Según una declaración pública, la oferta de representación fue rechazada.

“A pesar de la expresa negativa, el exsubsecretario del Medio Ambiente presentó un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Valparaíso (Causa Rol 16210-2020), utilizando los datos personales de cinco personas de Putaendo Resiste que nunca fueron contactadas”, denunciaron.

“Nos interesa saber las razones por las cuales una empresa (Barros Silva Varela y Vigil) contratada por la Junta de Vigilancia (de Putaendo) realiza estas malas prácticas a vista y paciencia de quienes los han contratado y si, además, estos avalan dicho comportamiento”, afirman desde Putaendo Resiste.

Finalmente, la organización reitera que los abogados con los que está trabajando (Álvaro Toro y Javiera Tapia) “actúan gratuitamente, no cobran por sus servicios, sino que forma parte de su compromiso vocacional en apoyo a las comunidades que ven amenazado su territorio”.