El edil, junto a los ex Concejales Marta Silva, Mariana Bravo y Miguel Ortix denunciaron un sin número  de hechos el año 2024 y en un extenso informe el órgano contralor se refirió a dichas denuncias.  

En mi calidad de concejal de esta comuna, deseo expresar mi más profunda preocupación ante el Informe Final N.º 97-2025, emitido por la Contraloría Regional de Valparaíso, con fecha 29 de septiembre de 2025, el cual fue remitido a este Concejo hace aproximadamente una semana.

He revisado con detención dicho documento y debo manifestar, con toda responsabilidad, que se trata de una situación de la mayor gravedad. En lo personal, no recuerdo haber enfrentado, durante el tiempo que llevo ejerciendo este cargo, un informe de tal envergadura ni con observaciones tan extensas, precisas y categóricas, señalò la autoridad.

El texto de la Contraloría que supera las ciento cincuenta páginas, contiene conclusiones y hallazgos que, a mi juicio, pueden agruparse en cuatro ejes temáticos principales:

1. Gestión administrativa interna, donde se advierten deficiencias en conciliaciones contables, fragmentación de compras y utilización de tratos directos improcedentes.

2. Programas sociales y beneficios a la comunidad, varios de los cuales carecen de la debida documentación de respaldo.

3. Eventos y actividades financiadas con recursos municipales, que presentan observaciones en su planificación, ejecución y rendición.

4. Contratos y adquisiciones de bienes y servicios, en los cuales se detectan irregularidades relevantes en su tramitación y control.

Estos antecedentes, justifican plenamente la inquietud que hoy planteo, ya que, por lo demás, muchos de estos puntos los he venido fiscalizando reiteradamente en mi rol de concejal.

Por todo ello,   solicitarè    a este Concejo el “Plan de Acción” que adoptará la administración municipal para dar cumplimiento a las medidas ordenadas por la Contraloría y subsanar las observaciones formuladas. Es esencial que el Concejo conozca en detalle las acciones correctivas, los plazos y los responsables designados para abordar cada una de las materias contenidas en el informe.

Deseo dejar en claro que mi preocupación no obedece a un ánimo de confrontación ni a la intención de promover procedimientos de juicio de cuentas en contra de personas o equipo de confianza, sin embargo, resulta innegable que el informe describe actuaciones reiteradas que vulneran el principio de probidad administrativa, principio rector de toda gestión pública y piedra angular del funcionamiento de nuestra institucionalidad.

La Contraloría, en diversos pasajes del informe, advierte sobre conductas que contravienen los deberes de integridad, transparencia y eficiencia, los cuales deben regir en el uso de los recursos municipales. Este llamado de atención no se limita a un área específica, sino que atraviesa transversalmente los distintos ámbitos de la gestión municipal. El principio de probidad es, sin duda, el eje ético y jurídico central del informe, y su reiterada transgresión constituye una señal de alarma que este Concejo no puede ignorar.

Deseo hacer un especial énfasis en el contrato con la empresa Sociedad de Inversiones BIO REC Ltda., relativo a la recolección y disposición final de residuos domiciliarios, materia que el informe aborda con particular severidad.

En dicho apartado, la Contraloría formula un reparo por más de $121 millones, producto de pagos efectuados sin respaldo suficiente y de deficiencias graves en la supervisión municipal.

Se constata la ausencia de un inspector técnico del servicio designado por decreto, diferencias en los registros de toneladas recolectadas, uso de vehículos y personal ajeno al contrato, y la no aplicación de multas establecidas en las bases administrativas.

Estos hechos, no solo comprometen el correcto uso de los recursos públicos, sino que afectan directamente la confianza de la comunidad en la gestión de un servicio esencial para la salubridad y la dignidad de los habitantes de Putaendo. por lo cual con la mayor firmeza pedire que este punto sea abordado con la prioridad y la transparencia que corresponde.

Asimismo, quiero recordar que en su momento fui objeto de críticas e incluso se insinuó la posibilidad de acciones judiciales en mi contra, por haber advertido públicamente sobre algunas de estas mismas situaciones. El tiempo y este informe han demostrado que las observaciones realizadas no eran infundadas. Por ello, reitero que mi actuar se enmarca exclusivamente en el ejercicio de mis deberes de fiscalización, conforme a la ley y a la confianza que la ciudadanía ha depositado en este Concejo.

Finalmente, deseo recordar que el informe establece plazos perentorios, el primero de los cuales dice relación con el cierre de sumarios administrativos, algunos de ellos pendientes desde el año 2018, en donde hay funcionarios suspendidos, recibiendo sus sueldos por años, y que esta Administración desde hace mas de 4 años, no da término. 

Por todo lo expuesto, reitero mi solicitud de que esta administración informe oportunamente a este Concejo Municipal y a la comunidad sobre las acciones adoptadas, las medidas de resguardo y los mecanismos de control que se implementarán para asegurar la correcta gestión de los fondos municipales y restablecer la confianza pública en esta institución.

Y, en virtud de mi deber legal como autoridad fiscalizadora, me reservo expresamente el derecho de acudir ante los tribunales competentes, tanto administrativos como judiciales, para exigir las responsabilidades que correspondan, en caso de que las medidas correctivas ordenadas por la Contraloría no sean debidamente ejecutadas.