Una serie de contrataciones millonarias entre la Ilustre Municipalidad de Putaendo y el biólogo Arón Cádiz Véliz, y otras consultoras ambientales, han levantado sospechas de eventuales irregularidades, falta de probidad y resultados deficientes. Los documentos revelan un patrón de adjudicaciones directas y una última contratación mediante “compra ágil” que evade los procedimientos legales, sumando más de $65.000.000 en recursos públicos gastados sin justificación técnica ni una adecuada transparencia.
Cronología de contratos: Dinero sin resultados
1- 2020-2022: Empresa Simbiosis y contratos antimineros
La Municipalidad contrató a la empresa Simbiosis Servicios Integrales SpA, donde Cádiz trabajaba para oponerse al proyecto minero “Las Tejas” de Compañía Minera Vizcachitas.
Contrato 1 (2020): “Asesoría técnica y jurídica medioambiental” para impedir la aprobación del proyecto.
Contrato 2 (2022): “Desarrollo de antecedentes técnicos y legales” contra la Resolución de Calificación Ambiental del proyecto.
Contrato 3 (2022): Nueva asesoría, también adjudicada a Simbiosis.
– Monto total: $54.000.000, contrataciones que la Contraloría Regional de Valparaíso ya observó, por potencial superposición de servicios idénticos y falta de justificación para el trato directo.
2- Enero 2023: Contrato directo para Arón Cádiz Véliz por $6.000.000
Objetivo: Elaborar un “expediente técnico” para declarar el Cajón de los ríos Rocín e Hidalgo como Santuario de la Naturaleza.
Cabe mencionar también, que esta iniciativa no cuenta con la autorización ni apoyo de la Comunidad Agrícola de Piguchén, quienes señalan una maniobra autoritaria por parte del municipio, en que se busca bloquear y limitar los usos de la tierra que le pertenece a la Comunidad.
Resultado: El Ministerio del Medio Ambiente rechazó la solicitud en octubre de 2023 por la derogación de esa categoría.
3- Mayo 2025: Nueva contratación por $4.980.000 a Arón Cádiz Véliz
– Modalidad: Compra ágil (Orden de Compra N°2627-18-AG25), pese a que:
– Excede el límite de 100 UTM ($6.000.000 anteriores + $4.980.000 en 2025).
– El servicio requerido “Homologación Área de Conservación” era poco claro y solo entendible para Cádiz, quien ya había trabajado en el fallido santuario.
Se omitió la licitación pública, aunque el servicio era claramente un “servicio personal especializado” (requiere expertos en ciencias naturales).
– Objetivo: Convertir el rechazado santuario en un “Área de Conservación de Múltiples Usos” bajo la Ley 21.600.
Ilegalidades y falta de probidad
Compra dirigida: Los términos de referencia fueron redactados para favorecer al proovedor , violando los principios de igualdad y libre competencia.
Fraccionamiento de contratos: La suma de los montos ($6.000.000 + $4.980.000) supera las 100 UTM, evadiendo el límite legal.
Historial de fracasos: Pese a los millones gastados, el trabajo de Cádiz no logró declarar el área protegida. La Contraloría ya había cuestionado contrataciones anteriores por superposición y falta de idoneidad.
¿Dónde está el control?
Mientras Putaendo gasta millones en contratos amañados, la actividad minera enfrenta obstáculos políticos. Los documentos no dejan duda: aquí hay un caso de abuso de procedimientos, con un proveedor que fracasa una y otra vez, pero sigue siendo beneficiado, dejando en claro qye la modalidad de compra ágil, directa y/o licitaciones directas son ocupadas de manera continua por el municipio de Putaendo, pero solo en algunos casos y no en otros donde por ejemplo la reparación del puente Gastón Ormazabal debió esperar casi un año para iniciar su reparación pues como él mismo municipio lo informó en su momento, no podían realizar compras directas o pagos directos para dicha reparación.
